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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
PR- 302-07
17 de agosto de 2007

EL ALCALDE BLOOMBERG ANUNCIA QUE HAN LLEGADO A ACUERDOS MÁS DE LA MITAD DE LOS COMERCIANTES DE ARMAS NOMBRADOS EN DEMANDAS DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK

Otros dos comerciantes alcanzan acuerdos consistentes con arreglos previos

Un juez halla que la Ciudad tiene derecho de hacer a los comerciantes responsables por el daño causado a los neoyorquinos

El alcalde Michael R. Bloomberg anunció hoy que otros dos comerciantes de armas de fuego nombrados en las demandas legales que la Ciudad de Nueva York ha entablado contra 27 comerciantes a quienes se halló vendiendo ilegalmente han accedido a arreglos con la Ciudad, llevando a 14 el total de acuerdos con los comerciantes.  Los acuerdos fueron anunciados dos días después que el juez Jack Weinstein dictaminara en la corte federal de Brooklyn que las cortes de Nueva York tienen jurisdicción para escuchar estas demandas y que la Ciudad ha mostrado que los comerciantes demandados son responsables por canalizar hacia la ciudad “grandes cantidades de armas de fuego usadas por criminales locales para aterrorizar a porciones significativas de la población en la ciudad”. El juez estableció al 7 de enero del 2008 como fecha para el juicio.  Los dos comerciantes, John’s Gun & Tackle Room, de Easton, Pensilvania, y Franklin Rod & Gun Shop, de Rocky Mount, Virginia, han accedido a acuerdos que incluyen a un auxiliar especial de justicia que será elegido por la Ciudad y designado por la corte para monitorear sus actividades de ventas de armas de fuego.  Los comerciantes también acordaron someterse a un monitoreo detallado de sus registros e inventarios, lo cual puede incluir la grabación en video de sus actividades de ventas y una vigilancia encubierta continua.  El auxiliar especial asegurará que cada comerciante cumple a cabalidad todas las leyes que regulan la compra y venta de armas de fuego.  Ambos comerciantes estaban entre los 15 nombrados en la demanda que la Ciudad de Nueva York sometió el 15 de mayo del 2006 en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York.  Una demanda similar sometida el 7 de diciembre nombró a 12 comerciantes de armas adicionales.

“Estos acuerdos, junto al reciente dictamen del juez Weinstein, son grandes pasos de avance en nuestra lucha para hacer que los comerciantes de armas obedezcan la ley y dejen de vender las armas que terminan siendo usadas para matar a nuestros ciudadanos y oficiales de policía”, dijo el alcalde Bloomberg.  “Más de la mitad de los comerciantes nombrados en nuestras demandas han hallado que nuestros términos para los acuerdos son aceptables, ya que estos términos son justos y razonables.  Y espero que los otros pronto se acerquen.  Si todos los comerciantes siguen más cuidadosamente las leyes federales, podemos reducir significativamente el mercado negro de armas ilegales y mejorar significativamente la seguridad pública”.

“Aplaudimos a todos los comerciantes que han accedido a arreglos por reconocer que ellos juegan un rol para mantener al público seguro”, dijo el abogado de la Ciudad Michael A. Cardozo.  “Continuaremos ejecutando agresivamente las iniciativas del alcalde contra las armas ilegales a fin de asegurar más aún la seguridad de los neoyorquinos”.

El auxiliar especial tendrá amplios poderes para monitorear a los comerciantes de armas, incluyendo la revisión ilimitada de los registros de armas de fuego — que incluyen solicitudes de rastreo y reportes de ventas múltiples de revólveres — y la capacidad de realizar inspecciones sin restricción de todos los inventarios de armas.  Los empleados recibirán un mejor entrenamiento para asegurar que estos comerciantes realizan ventas legales de armas e identifican y rehúsan vender a testaferros — aquellas personas que compran armas por otras que no serían elegibles para adquirirlas bajo la ley federal.

“Durante mucho tiempo, el pequeño grupo de comerciantes de armas irresponsables que suministraban la mayoría de armas usadas en crímenes han escapado la atención de las fuerzas del orden y el sistema de justicia penal”, dijo John Feinblatt, coordinador municipal de Justicia Penal.  “Esta legislación innovadora hace dar la cara a aquellos que proveen estos instrumentos letales, y ya sea en un tribunal o mediante acuerdos, los obligaremos a obedecer la ley”.

“Con demasiada frecuencia, los oficiales de policía de la Ciudad de Nueva York han pagado con sus vidas sus esfuerzos para sacar las armas de nuestras calles”, dijo Raymond W. Kelly, comisionado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, en inglés).  “Otros han sufrido las complicaciones y dificultades de lesiones perennes.  Es alentador ver que se está haciendo responsables a los comerciantes de armas que en el pasado ayudaban al flujo de armas ilegales”.

El acuerdo además establece una estructura de penas por incumplimiento — incluyendo las ventas a testaferros y otras violaciones de leyes de armas federales, estatales y locales.  Cada comerciante pagará una fianza.  Las multas impuestas por cada violación serán deducidas de la fianza — con el requisito adicional de que el comerciante reponga la cantidad de la fianza original tras cada violación.  Las multas por cada violación varían en cada acuerdo y oscilan de $1,000 a $10,000 por la primera violación; de $2,000 a $15,000 por la segunda; y de $3,000 a $20,000 por la tercera.  El acuerdo vencerá luego de tres años consecutivos sin violación reportada.  Por un mínimo de tres meses, el auxiliar especial certificará si los comerciantes han cumplido su deber.

Los 27 comerciantes de armas nombrados en las dos demandas están ubicados en cinco estados — Georgia, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur y Virginia.  Los comerciantes de armas en las demandas legales vendieron armas en violación de estatutos federales y en formas que atentan directamente contra de los estándares de la industria.  Las demandas legales no buscan compensación monetaria, sino que piden a los tribunales que asignen un auxiliar especial para monitorear a los comerciantes y requerirles obtener adiestramiento mejorado.  Los comerciantes fueron señalados debido al gran número de crímenes de armas en la Ciudad de Nueva York que fueron rastreados hasta ellos poco después de su venta, y la voluntad de los comerciantes de vender armas en una “compra de testaferro” simulada.

De los 13 comerciantes que no han llegado a un acuerdo con la Ciudad, nueve fueron nombrados en la primera demanda: Adventure Outdoors, Smyrna, de Georgia; The Gun Store, Inc., de Doraville, Georgia; Peddler’s Post, Washington Ct. House, de Ohio; Gallery Distributing, de Mount Penn, Pensilvania; Woody's Pawnshop, de Orangeburg, Carolina del Sur; Mickalis Pawnshop, de Summerville, Carolina del Sur; Webb's Sporting Goods, de Madison Heights, Virginia; Old Dominion Guns & Tackle, de Danville, Virginia; y Patriot Services, de Richmond, Virginia.  Cuatro fueron nombrados en la segunda demanda: Gwinnett Pawn Shop, de Norcross, Georgia; Toccoa Pawn & Variety, de Toccoa, Georgia; Trader World, del norte de Charleston, Carolina del Sur; y Bob Moates Sport Shop, de Midlothian, Virginia.







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