El alcalde Michael R. Bloomberg; Charles J. Hynes, fiscal de distrito del condado Kings; y el comisionado del Departamento de Policía (NYPD, en inglés) Raymond W. Kelly anunciaron hoy el enjuiciamiento de dos individuos acusados de operar una red que traficaba armas de fuego desde Florida hasta Nueva York.  La acusación de 105 cargos plantea que Watson Joachin, de 27 años, y Ryan Woodard, de 22, vendieron docenas de armas a oficiales encubiertos durante una investigación de tres meses.  La pesquisa llega justo semanas después de que una investigación encubierta de la Ciudad en las ferias de armas de otros estados halló que los comerciantes [de armas] actúan repetidamente en violación aparente de la ley federal y realizaron ventas a detectives encubiertos que se hicieron pasar por criminales.  Durante el anuncio realizado en el Ayuntamiento local, el alcalde, el fiscal de distrito y el comisionado Kelly fueron acompañados por el coordinador de Justicia Penal John Feinblatt y Michael Vecchione, jefe de la División de Chantajes en la Fiscalía de Distrito del Condado Kings.

“El NYPD y la fiscalía de distrito de Brooklyn han sacado armas de nuestras calles y hecho a nuestra Ciudad más segura”, dijo el alcalde Bloomberg.  “Estas investigaciones son muy importantes porque, aun cuando hemos reducido la delincuencia a niveles históricos, niños como Vada Vásquez aún están siendo baleados en nuestras calles.  Las operaciones encubiertas de ‘compra y arresto’ que hicieron posible este enjuiciamiento son sumamente peligrosas, y quiero agradecer a todos los involucrados en este caso por su valiente labor”.

“Las armas ilegales confiscadas en esta investigación se dirigían a las calles de Brooklyn para ser usadas en homicidios, agresiones y robos armados, pero gracias a un esfuerzo concertado de mi oficina y el NYPD, estas armas no lastimarán a nadie ni lo harán sus vendedores”, dijo el fiscal Hynes.

“Aceptaremos naranjas del ‘estado del sol brillante’, pero no armas de fuego”, dijo el comisionado Kelly.  “Innumerables vidas fueron salvadas cuando estas armas ilegales fueron sacadas de circulación por oficiales de policía que arriesgaron sus vidas para hacerlo.  Quiero elogiarlos a ellos y los fiscales que trajeron estos traficantes de armas ante la justicia”.

La acusación incluye cargos por la venta o posesión de 46 armas de fuego — incluyendo 28 pistolas semiautomáticas, seis revólveres, tres rifles de asalto, cuatro escopetas recortadas y cinco rifles — a detectives encubiertos.  En cuatro ocasiones, los detectives adquirieron un total de 40 armas.  Una quinta compra fue acordada, pero, en vez de completarla, los oficiales realizaron una redada en el refugio de uno de los acusados en Brooklyn y confiscaron seis armas adicionales.  Mediante la investigación se sacaron diez armas adicionales de las calles.

Los investigadores creen que las armas, que tienen un valor superior a los $40,000, fueron adquiridas mayormente en Florida.  Algunas eran nuevas, con pegatinas de seguridad y tapones en el cañón.  Otras habían sido ‘limadas’ para remover sus números de serie.

El fiscal Hynes aprovechó la oportunidad para abogar por un cambio en las leyes estatales relacionadas con la venta y posesión de armas de fuego que han sido traídas desde fuera del estado de Nueva York.  La propuesta elevaría en un nivel el tipo de violación.  Por ejemplo, el cargo de Posesión criminal de un arma en segundo grado, que en la actualidad es una felonía clase C, se convertiría en una felonía clase B, si se determina que el arma proviene de otro estado.  La pena máxima se incrementaría desde 15 años en prisión para una felonía clase C hasta 25 años por una felonía clase B.

El fiscal Hynes también abogó por un aumento de un nivel en las violaciones que incluyen la venta de armas de fuego, sin importar el origen de las armas.  Por ejemplo, en la actualidad, la Venta criminal de un arma de fuego en primer grado es una felonía clase B, con una sentencia máxima de 25 años en prisión.  Bajo la propuesta del fiscal Hynes, el cargo se convertiría en una felonía clase A, con una pena máxima de prisión de por vida.

La acusación contra los acusados incluye múltiples cargos de Venta criminal de un arma de fuego en primer grado, Venta criminal de un arma de fuego en segundo grado, Venta criminal de un arma de fuego en tercer grado, Posesión criminal de un arma en primer grado, y Posesión criminal de un arma en segundo grado.  El cargo más grave, Venta criminal de un arma de fuego en primer grado, conlleva una pena máxima de 25 años en prisión.

Un enjuiciamiento es una herramienta de acusación y no una prueba de culpabilidad de los acusados.

La acusación está siendo dirigida por el fiscal asistente Gregg Pinto.