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PR- 407-07
8 de noviembre de 2007

EL ALCALDE BLOOMBERG ELOGIA DECISIÓN DE CORTE QUE PROTEGERÁ A LA CIUDAD DE NUEVA YORK DE HUELGAS DE TRANSPORTE FUTURAS

El juez niega moción para rehabilitación de cuotas de sindicato retenidas, y dice que la sumisión del sindicato "carece de credibilidad"

El alcalde Michael R. Bloomberg elogió hoy la decisión de un juez de la Corte Suprema de Brooklyn negando la solicitud del Local 100 del Sindicato de Trabajadores de Transporte (Transport Workers Union o TWU, en inglés) para que se reestableciera su privilegio de “cuotas retenidas” (“dues check-off”, en inglés).  El magistrado encontró que la moción del sindicato “carecía de credibilidad” y estuvo de acuerdo con la posición de la Ciudad de que el Local 100 y los otros sindicatos no cumplieron el requiso de mostrar cumplimiento de buena fe con la Ley federal de Empleo Justo para los Empleados Públicos — conocida como Ley Taylor — como requieren los mandatos del tribunal del 19 de abril del 2006. El Local 100 usa el privilegio de recibir pagos automáticos de cuotas de los cheques de los empleados como una forma de recaudar fondos; la Ley Taylor prohíbe que los empleados públicos del estado de Nueva York se vayan a la huelga.

“La huelga de transporte del 2005 lesionó a nuestra ciudad en pleno ajetreo de la temporada de fiestas del fin de año”, dijo el alcalde Bloomberg.  “La decisión refleja las preocupaciones de la Ciudad en el sentido de que las declaraciones de los sindicatos no garantizaron que nunca más habría una huelga de transporte contra la gente de esta ciudad, quienes dependen del transporte público para llegar a los trabajos que alimentan a sus familias y pagan sus cuentas”.

“El juez aceptó el argumento de la Ciudad de que cualquier sumisión futura de los sindicatos ‘requiere garantías de que [ellos] no realizarán una huelga en el futuro’ y que tales garantías declaran en términos inequívocos que el Local 100 no tiene el derecho de hacer una huelga contra gobierno alguno o ayudar o participar en cualquier huelga similar”, dijo el abogado de la Ciudad Michael A. Cardozo, del Departamento de Leyes  de la Ciudad de Nueva York, que litigó el caso.  “Estamos sumamente satisfechos de que el juez también requiriese que cualquier sumisión futura de parte del sindicato ‘venga no simplemente de su presidente’, sino de ‘cada miembro individual de la Junta Ejecutiva’”.

La posición de la Ciudad fue defendida por el abogado de la Ciudad Cardozo ante el juez Bruce Balter de la Corte Suprema de Brooklyn.  El abogado Cardozo argumentó — y la Corte estuvo de acuerdo — que los papeles anteriores del Local 100 para la Corte no lograron afirmar — en términos no inciertos — que el sindicato ya no demandaba el derecho a huelga.  Además sostuvo que el sindicato no renunció a su práctica periódica de llevar a cabo huelgas ilegales. 

El juez Balter mencionó en su decisión que “La Corte halla que los papeles sometidos en respaldo de la moción son evidentemente insuficientes para sostener la rehabilitación de sus merecidos derechos....” La decisión continúa: “La Corte halla que el afidávit presentado por el
Sr. Toussaint simplemente imita el idioma reglamentario para poder obedecer verbalmente la orden del juez Jones.  Por eso, considerada en su totalidad, la declaración del Sr. Toussaint no es más que un reconocimiento general de que la ley Taylor prohíbe al Local 100 hacer huelgas; como tal, la Corte halla que la sumisión carece de credibilidad y hace a la moción inadecuada”.
 
En los últimos 40 años, el Local 100 se ha ido a huelga tres veces — en 1966, 1980 y 2005 — y ha hecho frecuentes amenazas ilegales.  En varias ocasiones, la corte ha certificado un mandato judicial contra estas acciones.  Ningún otro sindicato público se ha ido o amenazado con irse a huelga tan frecuentemente.  La última huelga del Local 100 — en plena temporada de fiestas del 2005 — impidió a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, en inglés) y sus entidades asociadas proveer transporte público a sus casi 7 millones de pasajeros diarios.  Además de Cardozo, colaboró en este caso el abogado mayor William Fraenkel de la División de Trabajo y Empleo del Departamento de Leyes.







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