El alcalde Michael R. Bloomberg, acompañado por el abogado de la Ciudad Michael A. Cardozo, el comisionado del Departamento de Policía (NYPD, en inglés) Raymond W. Kelly y el coordinador de Justicia Criminal John Feinblatt, anunció hoy que la Ciudad de Nueva York ha sometido una demanda en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York contra 15 negociantes de armas de fuego identificados por violar la ley federal sobre la venta de armas de fuego. La demanda busca una orden judicial que detenga las prácticas ilegales de los comerciantes y dinero por daños. Los 15 vendedores de armas acusados en la demanda están localizados en cinco estados - Georgia, Ohio, Pennsylvania, Carolina del Sur y Virginia - y fueron señalados por la gran cantidad de armas de fuego rastreadas hasta ellos tras haber sido usadas en crímenes cometidos en la ciudad de Nueva York. En base a datos incompletos que la Ciudad tiene disponibles, más de 500 armas utilizadas en crímenes y recuperadas por el NYPD han sido rastreadas hasta estos 15 comerciantes entre los años 1994 y 2001. En su discurso sobre el Estado de la Ciudad del pasado mes de enero, el alcalde Bloomberg prometió enfrentar a los comerciantes que venden armas ilegalmente y hacer que rindieran cuentas por sus acciones.

"Hoy estamos enviando un mensaje claro a los comerciantes de armas sin escrúpulos en todo el país: rectifiquen y obedezcan las leyes - o enfrenten las consecuencias", dijo el alcalde Bloomberg. "No podemos permitir que comerciantes de otros estados vendan ilegalmente - demasiadas personas mueren todos los años porque ellos lo hacen. Esta demanda legal es un paso mayor de avance en nuestros esfuerzos para mantener las armas de fuego ilegales fuera de nuestra ciudad. Definitivamente, la mayoría de los comerciantes de armas de fuego respetan y obedecen las leyes, pero se debe lograr que el pequeño grupo de comerciantes que no lo hacen rindan cuentas - no que sean protegidos por la desastrosa legislación que está siendo considerada en el Congreso. Es hora de hacer que estos comerciantes sean responsables por sus acciones ilegales - y eso es exactamente lo que esta demanda busca lograr".

"Los comerciantes de armas de fuego nombrados en esta demanda han vendido armas en violación de una cantidad de estatutos federales y estatales, y la demanda legal solicita a la Corte que prohíba estas ventas ilegales de armas, nombre un funcionario especial que monitoree a los comerciantes y requiera a estos que se sometan a un entrenamiento obligatorio", dijo el abogado de la Ciudad Michael Cardozo. "La demanda también busca compensación por el costo de la eliminación de perjuicios causados por estos acusados, daños compensatorios a la Ciudad de Nueva York, y daños punitivos para disuadir a otros comerciantes sin escrúpulos de que se envuelvan en las prácticas ilegales descritas en la demanda".

En las últimas seis semanas, investigadores del James Mintz Group, una firma privada de investigaciones contratada por la Ciudad, viajó a cinco estados para confirmar lo que los datos del rastreo de armas habían mostrado como probable - que estos comerciantes de armas estaban violando leyes federales que rigen las ventas de armas. Los investigadores, en equipos de dos, llegaron a las tiendas y siguieron un escenario generalmente conocido como "compra de testaferros" ("straw purchasing", en inglés), en la que una persona realiza todas las averiguaciones para comprar un arma, y luego la otra persona, totalmente desasociada en el proceso de venta, llena los formularios federales requeridos para aprobar el proceso de revisión de antecedentes. La ley federal prohíbe a los comerciantes licenciados que vendan armas de fuego a personas cuando creen que el arma no es para la persona que aparece como comprador. Una publicación del Departamento de Justicia del 2002 describe la práctica en estos términos:

"Las compras de testaferros son uno de los métodos usados más frecuentemente para que las armas de fuego eludan el comercio legal, donde son mercaderías fuertemente regulada, hasta llegar a las calles, donde están disponibles para cualquiera. Los criminales convictos sencillamente usarán un amigo, un familiar o novia para que les compre un arma de fuego. El criminal da el dinero para el arma, la selecciona, y dirige la compra. El testaferro solo llena los documentos requeridos, apareciendo como el comprador".

Los 15 comerciantes acusados vendieron un arma a un equipo de investigadores encubiertos, quienes llevaban cámaras escondidas durante la operación. En las tiendas que visitaron, solo uno de cada tres comerciantes rehusó la venta, confirmando el hecho de que conocen y entienden la ley. Incluso ante las obvias señales de alerta que debieron haber concluido inmediatamente la discusión vendedores y compradores (incluyendo el hecho de que el testaferro no participó en la transacción hasta que llegó el momento de llenar los formularios federales y no pagaron por el arma de fuego), dos terceras partes de los comerciantes señalados realizaron la venta al testaferro.

Los 15 comerciantes nombrados en la demanda son:

"Estos comerciantes de armas son lo peor de lo peor", dijo John Feinblatt, coordinador de Justicia Criminal. "Ellos representan a un pequeño grupo de negociantes inmorales e irresponsables que están conscientemente violando la ley y causando daños irreparables a neoyorquinos inocentes. Cuando se trate de este grupo de manzanas podridas, seremos implacables. Es nuestro deber asegurarnos de que ellos tengan que pagar por el terrible costo humano que infligen a nuestra ciudad".

"Demasiados oficiales de policía de la ciudad de Nueva York han pagado con sus vidas el que se permita que las compras flagrantes de testaferros continúen no siendo enfrentadas", dijo el comisionado del NYPD Raymond W. Kelly.

La firma legal de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman utilizará un equipo de diez abogados voluntarios que trabajarán a nombre de la Ciudad y ayudarán en el litigio.

"Este litigio tiene el potencial de mejorar la seguridad y eliminar el peligro para cada neoyorquino, ayudando a contener el flujo de armas de fuego ilegales hacia la ciudad", dijo Ken Taber, quien preside el grupo litigante de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

Para combatir las armas ilegales, el alcalde Bloomberg está utilizando un enfoque integrado de tres herramientas: una aplicación más estricta de las leyes, legislación nueva y litigación innovadora. Los esfuerzos de aplicación incluyen la creación de Tribunales de Armas especializados, que han resultado en sentencias mayores para los convictos, trabajo para introducir cámaras que detectan disparos y desalentarán a los que consideran usar y poseer armas de fuego ilegales, y el establecimiento de un código para obtener información de cada acusado de delitos relacionados con las armas de fuego, que está ayudando a las agencias que aplican la ley a aprender más sobre las identidades de los traficantes de armas. El alcalde también busca nueva legislación municipal y estatal para cerrar brechas y aumentar las penas por armas ilegales, así como requerir a los comerciantes de armas que hagan más para proteger al público contra las armas robadas o perdidas.

El alcalde también se está oponiendo activamente a una legislación federal que protegería a comerciantes irresponsables al limitar el acceso a información de rastreo y evitar que las agencias de aplicación de las leyes hagan que estos comerciantes rindan cuentas. Reconociendo que las armas de fuego ilegales son un problema nacional que requiere liderazgo nacional, el alcalde Bloomberg, junto al alcalde de Boston Thomas Menino, celebró recientemente la Cumbre de Alcaldes sobre Armas de Fuego Ilegales, a la cual asistieron más de una docena de alcaldes de todo el país, desde Seattle hasta Dallas y Filadelfia. El grupo no partidista de alcaldes discutió sobre políticas modernas y estrategias legales, identificó oportunidades para una mayor coordinación en la lucha contra el flujo de armas ilegales, y firmó una declaración de principios para guiar sus esfuerzos futuros.